Crisis de #Impunidad y #TráficodeInfluencias en #Tlaxiaco
Ramón Ramírez Gutiérrez.
Tlaxiaco, Oax., a 8 de abril de 2026.- En una jornada marcada por la indignación ciudadana, familiares y amigos de Ángel Daniel, respaldados por el abogado Maurilio Santiago Reyes, se manifestaron a las afueras de los juzgados de garantía en Tlaxiaco para denunciar un intento arbitrario de modificar las medidas cautelares de dos policías municipales procesados por el delito de tortura.
Esta movilización surge ante la posibilidad de que los imputados obtuvieran su libertad bajo una cuestionable modificación de prisión preventiva, a pesar de que la tortura es un delito que por ley amerita prisión oficiosa y representa un caso histórico por ser la primera carpeta de investigación de este tipo judicializada en Oaxaca en décadas.
La defensa legal de la víctima señala con firmeza que el proceso está viciado por un evidente conflicto de intereses y tráfico de influencias que involucra directamente al Ayuntamiento de Tlaxiaco y a altos funcionarios del Gobierno
El abogado Santiago denunció que la defensa de los policías ha estado a cargo de quien funge como director jurídico del municipio y mantiene vínculos laborales con el despacho de Giovanni Segrero, actual consejero jurídico de Oaxaca. Esta situación sugiere que el propio Estado, a través de recursos públicos municipales, está financiando la defensa de presuntos torturadores, contradiciendo los dictámenes internacionales del Comité contra la Tortura que ya han reconocido la responsabilidad del Estado mexicano en este caso.
Más allá del proceso judicial, la gravedad del asunto escala debido a las constantes amenazas de muerte que han recibido Ángel Daniel y su familia, ignorando incluso las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según las denuncias vertidas durante la protesta, la justicia en la región parece estar supeditada a llamadas telefónicas desde el Poder Ejecutivo hacia el Tribunal Superior de Justicia, eliminando cualquier rastro de independencia judicial y permitiendo que funcionarios de alto nivel disputen el control político y legal de los municipios.
Ante la falta de garantías y la opacidad del proceso, los manifestantes solicitaron formalmente el aplazamiento de la audiencia, la cual finalmente fue diferida. Asimismo, anunciaron que todas estas irregularidades, incluyendo la participación activa del presidente municipal Jorge Octavio en la obstrucción de la justicia, serán notificadas formalmente ante el Comité contra la Tortura y la CIDH con las pruebas documentales pertinentes.
La comunidad de Tlaxiaco permanece en alerta ante un sistema que, bajo el amparo de «padrinazgos» políticos, parece validar la arbitrariedad en contra de los ciudadanos y comerciantes más vulnerables.
Cabe destacar que el próximo miércoles ,según información de los afectados se llevará a cabo una reunión con la Presidenta del Tribunal de Justicia, en la que las partes involucradas buscarán exponer directamente las irregularidades y presionar por una resolución apegada a derecho.
Mientras la audiencia programada para hoy se difiere hasta nueva fecha
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