A un año del asesinato de Mario Hernández Martínez, exigen justicia!!!

Ramón Ramírez Gutiérrez.

Tlaxiaco, Oax. 15 de junio de 2025.- A un año del asesinato del transportista y activista triqui Mario Hernández Martínez, ocurrido el 15 de junio de 2024, el Frente Popular Revolucionario (FPR) y organizaciones sociales mantienen vivas las demandas de justicia y denuncian la continuidad de la violencia estatal contra líderes sociales en Oaxaca.

Mario Hernández, originario de San Martín Itunyoso y coordinador distrital del sector transporte del FPR, fue asesinado mientras trabajaba como operador en la línea Urvan Tierra de Humo. Según sus compañeros, su activismo en defensa de los derechos laborales y territoriales lo convirtió en blanco de «los enemigos del pueblo», en un contexto de represión sistemática contra movimientos sociales.

El Comité Distrital Tlaxiaco del FPR demandó:

Justicia expedita: Exigen a la Fiscalía de Oaxaca agilizar la investigación del homicidio y establecer una mesa de trabajo para transparentar el caso.
Protección para la familia: Acusan a la Defensoría de Derechos Humanos de omisión y piden medidas cautelares.
Fin a la impunidad: Denuncian «crimen de Estado».
Solución a demandas transportistas: Respaldan las exigencias de la COT AC-UTR-FPR, organización a la que pertenecía Hernández.

El comunicado también expresa apoyo al magisterio democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en lucha contra las reformas neoliberales al ISSSTE y por pensiones dignas.

Tras las elecciones del 1 de junio para cargos judiciales en Oaxaca, el FPR tachó el proceso de «simulación», afirmando que el poder judicial sigue sirviendo a los intereses de la élite. «La justicia no está en los tribunales, sino en la movilización popular», sostuvieron.

El texto cierra con un homenaje: «Mario Hernández Martínez, Tomás Martínez, Manuel Cartas: ¡Viven en la lucha de los pueblos!», reafirmando su compromiso con la resistencia.

Mientras las autoridades guardan silencio, el FPR y comunidades organizadas prometen mantener las protestas hasta lograr justicia. El caso de Hernández se suma a una larga lista de crímenes contra activistas en México, donde la impunidad supera el 98%, según organismos nacionales e internacionales.