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Ramón Ramírez Gutiérrez
Tlaxiaco, Oaxaca a 05 de Agosto 2026. – Un exservidor público clave en el esquema de seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández hoy ocupa un puesto directivo en el Senado de la República, pese a haber sido el encargado de evaluar y certificar a mandos policiales presuntamente vinculados a la organización criminal La Barredora.
Se trata de José Antonio Álvarez Macías, quien entre 2020 y 2024 encabezó el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tabasco. Durante ese periodo, Álvarez Macías certificó la probidad de los agentes policiales que operaban bajo la estructura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal señalado por las autoridades como presunto líder del grupo delictivo La Barredora.
Actualmente, Álvarez Macías se desempeña como subdirector de Enlace con el Cuerpo Diplomático en el Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado, percibiendo un sueldo mensual bruto de 77 mil 432 pesos. De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia y reportes internos de la Cámara Alta, el exfuncionario asumió formalmente el puesto en octubre de 2024, aunque no se presentó físicamente a sus oficinas sino hasta septiembre de 2025, justo cuando cobró mayor impacto mediático la investigación sobre la red de colusión criminal en el sureste del país.
El Centro de Estudios Gilberto Bosques se ha convertido en un punto de colocación para diversos integrantes del denominado Grupo Tabasco, cercano al exgobernador y actual senador Adán Augusto López Hernández. La nómina del órgano legislativo revela que el área está encabezada por Salvador Caro Cabrera, con un ingreso bruto mensual de 178 mil 689 pesos, e integra a otros exfucionarios de la administración tabasqueña como Miguel Ángel Fonz Rodríguez y Tomás Fernández Torrado.
Las inconsistencias administrativas en el Centro de Estudios no se limitan a las evaluaciones de confianza pasadas. Reportes de la misma instancia señalan irregularidades que van desde personal que cobra en el Senado pero desempeña funciones en bancadas partidistas o estructuras operativas de partidos políticos, hasta errores en los registros curriculares e historias laborales de funcionarios en activo.
Mientras las investigaciones en torno a la infiltración de La Barredora en las fuerzas del orden de Tabasco avanzan en el ámbito judicial, la presencia de sus evaluadores en la nómina del Congreso reaviva el debate sobre la falta de rendición de cuentas y los espacios de protección política en las instituciones federales.
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