13 de septiembre de 2026

Familia #denuncia #extorsión y #hostigamiento de elementos de la #FGR en #Huajuapan; exigen intervención de autoridades.

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Pedro Sánchez Rosas acusa que, tras negarse a pagar «piso», su taller fue cateado y su hijo sufrió un intento de privación ilegal de la libertad en Oaxaca.

Ramon Ramírez Gutiérrez.


Tlaxiaco, Oaxaca. A 17 de Agosto de 2026. – Vecinos del Boulevard Tecnológico, a la altura del kilómetro 59.5, son testigos de una situación que ha encendido las alarmas entre los comerciantes de la región. El señor Pedro Sánchez Rosas acudió a los medios para realizar una denuncia pública en contra de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras corporaciones, a quienes señala por un presunto esquema de extorsión en agravio de su hijo, Israel Manuel Sánchez Rojas, propietario de un taller de cepillado de madera.

Según el testimonio de Pedro Sánchez, desde el año pasado, su familia ha sido víctima de acoso por parte de agentes destacamentados en Huajuapan de León. La situación escaló cuando solicitan una cuota económica a cambio de permitir la operación del taller, una práctica que el denunciante califica como «cobro de piso».

«Mi hijo no se presta a la extorsión y por eso empezaron los hostigamientos», declaró Sánchez Rosas, añadiendo que el taller cuenta con los permisos municipales correspondientes y que la familia vive del trabajo honrado de la carpintería.

Acoso, intento de secuestro y cateo irregular
El hecho más grave ocurrió el pasado martes, cuando dos elementos de la FGR arribaron al lugar exigiendo dinero. Al no obtener respuesta favorable, intentaron llevarse al dueño del taller sin presentar una orden de aprehensión. Ante la negativa de su hijo a subirse a la unidad oficial, los agentes amenazaron con regresar para llevarse a su esposa y a su hija de tan solo tres años.

La amenaza se cumplió. Días después, el pequeño taller fue rodeado por un despliegue de al menos noventa elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes procedieron a la clausura del inmueble. Los quejosos muestran videos de las cámaras de seguridad del lugar donde se observa el operativo. La familia cuestiona la legalidad del proceder, ya que el cateo se habría realizado con base en una orden emitida por un juez de Veracruz, la cual, según señalan, carece de firma y sello, lo que genera sospechas sobre su validez.

Además, se les notificó que cuentan con únicamente diez días hábiles para presentar justificaciones, un plazo que consideran excesivamente corto y que forma parte de la presión ejercida para despojarlos de su fuente de trabajo.

El llamado a las autoridades
Pedro Sánchez Rosas hizo un llamado directo al secretario de Gobierno del Estado, Jesús Romero, al Gobernador Salomon Jara , a la Presidenta Claudia Sheibaum y a las autoridades federales, para que intervengan en el caso y frenen lo que considera un hostigamiento judicial y policiaco ilegal.

«Muchos ciudadanos tienen miedo a represalias, pero estamos pensando seriamente en organizarnos para hacer presión al gobierno. No es justo que por trabajar honradamente nos quiten el sustento», sentenció el denunciante, quien exige una investigación inmediata sobre la actuación de los agentes señalados.

La familia Sánchez Rosas permanece en estado de alerta, sin acceso a su fuente de ingresos y en medio de un clima de intimidación, mientras la comunidad observa con preocupación el desarrollo de este caso que evidencia la vulnerabilidad de los pequeños comerciantes ante presuntas acciones de abuso de autoridad en la región mixteca.

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