La Nueva Suprema Corte atrae su primer caso tras audiencia ciudadana con jubilados del IMSS

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Ramón Ramírez Gutiérrez.

Ciudad de México, 2 de octubre de 2025. – En una decisión que marca el inicio de su nueva etapa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (#SCJN) atrajo este miércoles su primer caso derivado de una audiencia de atención ciudadana: la demanda de jubilados del IMSS que exigen la devolución de recursos acumulados en sus cuentas de cesantía en edad avanzada y vejez, así como cuotas sociales.

La resolución se produce después de que el 22 de septiembre, en el marco de la nueva política de apertura de la Corte, ministras y ministros recibieran en audiencia a representantes del Movimiento Jubilados Pie de Lucha, quienes durante años han reclamado la devolución de los ahorros depositados en sus cuentas individuales como extrabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los jubilados del IMSS sostienen que el dinero administrado por las Afores es de su propiedad, tal como establece el artículo 169 de la Ley del Seguro Social, y no del gobierno o las instituciones financieras. Su lucha se dirige contra la jurisprudencia 185/2008 de la extinta Segunda Sala de la Corte, que estableció que los trabajadores jubilados bajo el régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) no tienen derecho a la devolución de los recursos acumulados en su cuenta individual de cesantía en edad avanzada y vejez (CAAV), argumentando que esta disposición atenta contra sus derechos humanos.

El 22 de septiembre, alrededor de 550 integrantes de este movimiento se manifestaron frente a la SCJN, provenientes de 14 estados del país, confiando en que la nueva integración de la Corte, encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, resolvería alrededor de una veintena de expedientes con sus demandas que habían permanecido sin respuesta desde 2019.

En su sesión ordinaria del 2 de octubre, la Nueva Corte también decidió atraer otros casos que le permitirán examinar temas fundamentales de derechos humanos. En materia de derechos de las personas trans, la SCJN estudiará aspectos relativos al pago de cuotas de recuperación como condicionante para acceder a tratamientos de reasignación de sexo en los servicios de salud en Jalisco. Además, reasumió la competencia para evaluar si en Aguascalientes es válido exigir un juicio para que las personas trans puedan ver reconocida legalmente su identidad de género.

En el ámbito de derechos de personas refugiadas, el Pleno reasumió la competencia para conocer de un asunto que le permitirá analizar si las personas solicitantes de refugio deben mantener la obligación de asistir cada semana a las oficinas migratorias para no perder su solicitud y no ser devueltas a su país, y si esto es congruente con la protección de sus derechos humanos.

Esta decisión se produce en el marco del nuevo funcionamiento de la SCJN, que comenzó a operar el 1 de septiembre de 2025 tras una reforma judicial que redujo la integración de once a nueve ministros y eliminó sus Salas, funcionando ahora únicamente en Pleno. Los miércoles están destinados específicamente para resolver asuntos de las materias penal y civil, según el nuevo reglamento interno.

La nueva integración de la Corte, caracterizada por su paridad de género -cinco ministras y cuatro ministros- y la elección popular de sus miembros, enfrenta el reto de abordar un rezago histórico de casos mientras busca fortalecer la transparencia y generar cercanía con la ciudadanía.

Al término de la sesión, el Pleno de la Suprema Corte guardó un minuto de silencio en conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968, que culminó con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de ese año, reconocida por el gobierno mexicano como un crimen de Estado y recientemente como un crimen de lesa humanidad.

Los casos resueltos en esta sesión -Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción 467/2025 y 486/2025, y Solicitudes de Reasunción de Competencia 73/2025 y 65/2025- marcan el inicio de una nueva era en la justicia mexicana, donde la Corte se enfrenta al desafío de equilibrar su autonomía judicial con las demandas sociales en un contexto de mayor apertura ciudadana.