Consejero Jurídico #GeovanyVásquezSagrero se deslinda de #conflicto en #Tlaxiaco y señala presunto #tráficodeinfluencias de activista

Ramón Ramírez Gutiérrez.

Tlaxiaco, Oax., a 9 de abril de 2026.- En entrevista para Noticieros El Reloj, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, rechazó de manera contundente las acusaciones del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (#CEDHAPI) sobre un presunto conflicto de interés que lo involucra en el caso de dos expolicías acusados de tortura en este municipio.

El funcionario estatal calificó los señalamientos del abogado Maurilio Mayoral como una estrategia para desviar la atención de su propio desempeño profesional y aseguró que «el hecho de por qué echar culpas para otro lado pues si, lo lamento mucho creo que debería ser serio y además debería hablarle de frente a sus clientes si es que no les está pues cumpliendo».

Vásquez Sagrero fue enfático al aclarar su situación profesional actual y su desvinculación total de la práctica privada desde su llegada al servicio público, señalando
«desde octubre del dos mil veintidós no tengo actividades particulares relacionadas con el tema de litigio».

Respecto al despacho Cratos Abogados, el cual fundó en 2006, el consejero puntualizó que:

«yo no puedo privarle a nadie que ejerza su profesión y si el despacho en el que en su momento me tocó fundar sigue en actividades y tiene actividades pues ya serán responsables de los que están ahí pero no tengo nada que ver ya con ellos desde octubre del dos mil veintidós».

Asimismo, aclaró que el hecho de conocer a funcionarios locales no implica una relación de influencia, afirmando tajantemente que
«no tengo ningún interés en el municipio de Tlaxiaco si el despacho que fundé o alguno de mis alumnos labora o tiene relación con este ayuntamiento».

Sobre el actual director jurídico del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Carlos Fernando Santiago, el funcionario reconoció haberlo formado académicamente pero negó cualquier vínculo operativo actual, mencionando que «fue mi alumno en la universidad en su momento hizo prácticas profesionales lo conocí muy joven y pues si está en su actividad profesional y hoy es director jurídico en el ayuntamiento pues me da gusto… pero de ahí de afuera pues no puedo también estar adjudicándome o triunfos o fracasos de personas».

Vásquez Sagrero sugirió que las acusaciones en su contra podrían ser «una forma de evadir la responsabilidad si el abogado no ha podido asesorar bien a sus clientes» o una «cortina de humo» ante la falta de pruebas en el proceso penal que se sigue contra los elementos de seguridad.

En un señalamiento directo hacia el activista Maurilio Mayoral, el Consejero Jurídico cuestionó la ética del proceso de investigación, revelando que «en ese caso particular la hija de Maurilio sea la que comenzó las investigaciones contra esos policías… ella siendo servidora pública de la defensoría hay una actuación que realiza ella en su labor como servidora pública donde dice que recibe la llamada de Maurilio, o sea, recibió la llamada de su papá y empezó una investigación».

Ante esta situación, el funcionario estatal concluyó que «si haya tráfico de influencias que tenía que explicar, tenían que ser ellos», instando finalmente a las autoridades de Tlaxiaco a cumplir con el principio de legalidad y a los litigantes a ganar sus casos en los tribunales mediante pruebas y no mediante calumnias mediáticas.