VOCES DE ALERTA EN LA #MIXTECA: #Chalcatongo e #Ixcatlán bajo, la Sombra de un Nuevo #ConflictoAgrario
Ramón Ramírez Gutiérrez.
Tlaxiaco, Oax., a 21 de febrero de 2026.- En el corazón de la Mixteca Alta, el silencio del campo se ve interrumpido por un eco de preocupación que no es nuevo, pero que hoy suena más fuerte que nunca.
Autoridades agrarias de Chalcatongo de Hidalgo han alzado la voz para advertir sobre la urgente necesidad de paz y la intervención inmediata del Estado Mexicano ante el riesgo inminente de un estallido de violencia con el municipio vecino de Santo Domingo Ixcatlán.
La manzana de la discordia es una sentencia ejecutoria que, lejos de traer justicia técnica, amenaza con convertirse en el detonante de un nuevo derramamiento de sangre en una zona marcada por cicatrices históricas.
El conflicto no se trata solo de polígonos y mapas; se trata de familias. Las comunidades de Reforma, La Paz y Allende concentran a cerca de 700 habitantes, entre los que destacan sectores vulnerables: niños, adultos mayores y madres solteras.
Las autoridades de Chalcatongo, encabezadas por el comisariado Leonides García Quiroz, la secretaria Gloria Ruiz Nicolás y el tesorero suplente Jorge Sánchez Ruiz, subrayan que estas localidades cuentan con infraestructura vital: escuelas, iglesias, casas de salud y agencias municipales. Una ejecución forzosa de sentencia no solo significaría la pérdida de tierras, sino la destrucción de un tejido social construido con décadas de esfuerzo.
«Reubicar a una familia es sumamente difícil; desplazar a tres comunidades enteras es una tragedia humanitaria que el Gobierno no puede permitir», expresaron con firmeza.
Para los habitantes de Chalcatongo, el miedo no es infundado. La memoria colectiva guarda las imágenes de 2007, cuando la comunidad de La Paz fue desplazada por grupos paramilitares, viendo cómo sus viviendas eran reducidas a escombros ante la mirada pasiva de las autoridades de aquel entonces.
Posteriormente, entre 2008 y 2009, los enfrentamientos en las zonas de Yolotepet y Osundua dejaron un saldo doloroso de muertes y despojos que aún no han sido sanados del todo. El temor actual es que la historia se repita «al pie de la letra» si se intenta ejecutar la sentencia sin un proceso previo de mediación humana.
Existe un antecedente jurídico que podría ser la llave de la paz, pero que hoy se encuentra bajo ataque:
Febrero de 2008: Se establecieron mesas de negociación que culminaron en un acuerdo de convivencia pacífica respaldado por la Procuraduría Agraria.
Diciembre de 2017: El convenio fue ratificado con el Gobierno del Estado como testigo de honor.
Sin embargo, la actual administración agraria de Santo Domingo Ixcatlán (San Juanito) ha decidido desconocer estos acuerdos, apostando por una ejecución del 100% de la sentencia, una postura que Chalcatongo califica como «falta de voluntad política y humanismo».
Ante la ineficacia de las vías locales para frenar la tensión, las autoridades agrarias han dirigido un mensaje directo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Gobernador del Estado.
Las demandas son claras:
Intervención de la SEGO: Que la Secretaría de Gobierno federal y estatal instalen mesas de diálogo resolutivas.
Freno a la Ejecución: Detener cualquier acción judicial que no cuente con las condiciones de seguridad necesarias para evitar confrontaciones.
Respeto a los Acuerdos: Que el Tribunal Agrario y el Registro Agrario Nacional (RAN) reconozcan la validez de los convenios de 2008 y 2017 como base para la paz social.
Chalcatongo de Hidalgo, reconocido por su vocación comercial y pacífica, reitera que su prioridad es la seguridad de sus vecinos. La advertencia está sobre la mesa: si las autoridades ignoran este llamado, la Mixteca podría enfrentar uno de los episodios más oscuros de su historia reciente.
«No queremos más muertos. Queremos que la paz y la tranquilidad lleguen a nuestros pueblos», concluyó la dirigencia agraria.